Alto acatamiento al paro universitario: docentes y no docentes reclamaron por la Ley de Financiamiento
El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas que paralizó las universidades públicas de todo el país, con una concentración en el Obelisco y nuevas medidas de fuerza ya anunciadas para la semana siguiente.
Las universidades públicas argentinas vivieron este miércoles una jornada de paro total. La medida, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FreSU Federal), tuvo un alto nivel de acatamiento en todo el territorio y reunió a docentes, no docentes y profesionales de ciencia y técnica en una concentración frente al Obelisco porteño, donde se renovaron los reclamos por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Entre las instituciones más afectadas se contaron la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque mantuvo sus puertas abiertas, también sintió el impacto del cese de actividades: gran parte de su cuerpo docente y no docente adhirió a la medida.
«Fue un paro muy importante», señaló Pilar Barbas secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Los reclamos del sector
El eje central de la protesta es la recomposición salarial. Los gremios estiman que la brecha acumulada es superior al 28% y advierten además por la falta de actualización en los fondos destinados a becas y hospitales universitarios. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), fue contundente al respecto:
«El Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo».
Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, amplió el cuadro de situación y señaló que el Gobierno adeuda más del 31% de aumento salarial, que no está cumpliendo con la medida cautelar respaldada por la Corte Suprema de Justicia que ordena acatar la ley, y que además incumplió el acuerdo firmado con los rectores de todo el país sobre el incremento del presupuesto para gastos de funcionamiento y para el sostenimiento de los hospitales universitarios.
El FreSU también expresó su apoyo a los docentes de Tierra del Fuego, que al momento del paro llevaban nueve días de huelga reclamando el Salario Mínimo Vital y Móvil. El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) inició ese cese el 3 de agosto, exigiendo el fin del ajuste sobre la educación pública provincial, el cese de descuentos, recomposición salarial para alcanzar los $3.000.352 del salario mínimo, un plan de desendeudamiento familiar y el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por el gremio hace dos años.
La respuesta oficial y los próximos pasos
Desde el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno calificó la medida de fuerza como «política e ilegítima», sostuvo que las transferencias a las universidades están al día según los acuerdos previos y anunció una reunión paritaria para el 1° de septiembre.
La respuesta gremial no tardó en llegar: la AGD-UBA confirmó un nuevo paro nacional que se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 22, en rechazo a lo que describen como falta de respuesta del Poder Ejecutivo y un sostenido ahogo presupuestario.
